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| Fuente: ociogo.com |
Así se lo comentaba anoche a un amigo: el actual sistema político está magníficamente apuntalado desde el año 1978 como para que actualmente podamos hablar de una segunda transición. El panorama político e institucional me lleva a pensar que lo que se está produciendo no es más que un mero lavado de cara donde no se producirán cambios sustanciales. Olvídense de reformas constitucionales, supresión de Diputaciones, del Senado o de los aforamientos. Todo seguirá igual. Al menos por el momento. Olvídense de una segunda transición.
Vayan por delante mis disculpas. Siento ser tan agorero y pesimista, pero es la cruda realidad que nos muestra la carta otorgada de 1978. Como bien ilustra Jiménez Asensio en este buenísimo artículo en su blog, todo quedó «atado y bien atado». Y, bajo mi punto de vista, es cierto. Para ilustrarlo, pondré algunos ejemplos:
A) Cualquier reforma constitucional (ya afecte a cuestiones «menores» o temas de «gran calado») necesita de amplios apoyos parlamentarios.
B) Para modificar la ley electoral se necesita también de mayoría absoluta en el Congreso -176 votos- debido a que tiene rango de Ley Orgánica. Ello implica que será necesario una gran cantidad de negociaciones multilaterales y un consenso complicado de conseguir entre unos partidos que solamente se han puesto de acuerdo para irse de vacaciones. Créanme que si algún partido en los próximos años consigue mayoría absoluta en el Congreso no querrá alterar el sistema electoral que les habrá aupado al poder. Los partidos siempre piden modificar la ley electoral cuando les perjudica pero no cuando les beneficia. Y al partido que eventualmente le beneficie probablemente tenga escaños suficientes como para bloquear tal reforma.
De hecho, el actual régimen electoral está montado para dar más escaños al partido que gana las elecciones con el propósito de garantizar la estabilidad a la hora de gobernar. Me río del sistema de voto proporcional que recoge la propia Constitución. Tururú. La ley electoral se diseñó, en su día, para que la UCD ganara la mayoría absoluta con el mínimo posible de votos. Hagan ustedes cálculos y memoria de lo acontecido en los últimos 40 años y saquen conclusiones. Olvídense de una segunda transición.
C) El Senado es una institución que puede bloquear (o al menos obstaculizar) cualquier conato de iniciativa, cambio o reforma en este país. Siempre se dice que no sirve para nada o que es un cementerio de dinosaurios políticos. Estoy de acuerdo en lo segundo pero no en lo primero. Su papel en casi todos los asuntos es secundario, sí. Pero es una institución que adquiere gran relevancia y poder para, entre otras funciones: las ya mencionadas reformas constitucionales, el nombramiento de algunos magistrados del Constitucional, de algunos vocales del CGPJ o para la autorización al Estado en la adopción de las medidas forzosas necesarias ante una CCAA si ésta incumple sus deberes constitucionales (lo de Cataluña, sí).
Si un partido político controla el Senado, basta la negativa de este ante cualquier asunto para retrasar su adopción o incluso bloquearlo. Véase, por ejemplo, una posible reforma constitucional y la negativa del Partido Popular a ello. El PP -como ya saben- tiene mayoría absoluta en el Senado, lo cual impediría tal reforma según los cálculos anteriormente expuestos. No teníamos Senado (salvo en la Constitución de 1812) y ni falta hacía. Esta institución, configurada como cámara de representación territorial (ay, qué risa), es un reducto de poder político trascendental para grandes partidos porque así se instauró en su día de manera deliberada. Olvídense de una segunda transición.
Terminando diré, a modo de resumen, que las próximas legislaturas estarán caracterizadas -como bien apunta Jiménez Asensio- por una estabilidad constitucional garantizada. Como mucho, veremos pequeños retoques institucionales, aunque ni siquiera cualquier ley ordinaria será fácil de aprobar. Las reformas profundas quedan para otro momento futuro, siempre y cuando, eso sí, no se pongan de acuerdo los dos grandes partidos. Ya vimos qué ocurrió cuando cierta persona, desde determinado despacho, descolgó un teléfono en verano del año 2011. Lo dicho: olvídense de una segunda transición.
Vayan por delante mis disculpas. Siento ser tan agorero y pesimista, pero es la cruda realidad que nos muestra la carta otorgada de 1978. Como bien ilustra Jiménez Asensio en este buenísimo artículo en su blog, todo quedó «atado y bien atado». Y, bajo mi punto de vista, es cierto. Para ilustrarlo, pondré algunos ejemplos:
A) Cualquier reforma constitucional (ya afecte a cuestiones «menores» o temas de «gran calado») necesita de amplios apoyos parlamentarios.
- Para cuestiones «menores» (organización territorial del Estado, por ejemplo) son necesarios 210 escaños en el Congreso y 162 en el actual Senado si no me fallan las cuentas, aunque también se puede aprobar una reforma con mayoría de dos tercios en el Congreso (233) y mayoría absoluta del Senado (134). Incluso puede ser sometida a referéndum si lo solicitan un 10% de los miembros de ambas cámaras.
- Para asuntos importantes del núcleo duro de la Constitución (reforma de la Corona, derechos fundamentales o Título Preliminar) se requiere de 233 votos en el Congreso, 177 en el Senado y posterior referéndum.
B) Para modificar la ley electoral se necesita también de mayoría absoluta en el Congreso -176 votos- debido a que tiene rango de Ley Orgánica. Ello implica que será necesario una gran cantidad de negociaciones multilaterales y un consenso complicado de conseguir entre unos partidos que solamente se han puesto de acuerdo para irse de vacaciones. Créanme que si algún partido en los próximos años consigue mayoría absoluta en el Congreso no querrá alterar el sistema electoral que les habrá aupado al poder. Los partidos siempre piden modificar la ley electoral cuando les perjudica pero no cuando les beneficia. Y al partido que eventualmente le beneficie probablemente tenga escaños suficientes como para bloquear tal reforma.
De hecho, el actual régimen electoral está montado para dar más escaños al partido que gana las elecciones con el propósito de garantizar la estabilidad a la hora de gobernar. Me río del sistema de voto proporcional que recoge la propia Constitución. Tururú. La ley electoral se diseñó, en su día, para que la UCD ganara la mayoría absoluta con el mínimo posible de votos. Hagan ustedes cálculos y memoria de lo acontecido en los últimos 40 años y saquen conclusiones. Olvídense de una segunda transición.
C) El Senado es una institución que puede bloquear (o al menos obstaculizar) cualquier conato de iniciativa, cambio o reforma en este país. Siempre se dice que no sirve para nada o que es un cementerio de dinosaurios políticos. Estoy de acuerdo en lo segundo pero no en lo primero. Su papel en casi todos los asuntos es secundario, sí. Pero es una institución que adquiere gran relevancia y poder para, entre otras funciones: las ya mencionadas reformas constitucionales, el nombramiento de algunos magistrados del Constitucional, de algunos vocales del CGPJ o para la autorización al Estado en la adopción de las medidas forzosas necesarias ante una CCAA si ésta incumple sus deberes constitucionales (lo de Cataluña, sí).
Si un partido político controla el Senado, basta la negativa de este ante cualquier asunto para retrasar su adopción o incluso bloquearlo. Véase, por ejemplo, una posible reforma constitucional y la negativa del Partido Popular a ello. El PP -como ya saben- tiene mayoría absoluta en el Senado, lo cual impediría tal reforma según los cálculos anteriormente expuestos. No teníamos Senado (salvo en la Constitución de 1812) y ni falta hacía. Esta institución, configurada como cámara de representación territorial (ay, qué risa), es un reducto de poder político trascendental para grandes partidos porque así se instauró en su día de manera deliberada. Olvídense de una segunda transición.
Terminando diré, a modo de resumen, que las próximas legislaturas estarán caracterizadas -como bien apunta Jiménez Asensio- por una estabilidad constitucional garantizada. Como mucho, veremos pequeños retoques institucionales, aunque ni siquiera cualquier ley ordinaria será fácil de aprobar. Las reformas profundas quedan para otro momento futuro, siempre y cuando, eso sí, no se pongan de acuerdo los dos grandes partidos. Ya vimos qué ocurrió cuando cierta persona, desde determinado despacho, descolgó un teléfono en verano del año 2011. Lo dicho: olvídense de una segunda transición.
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